El presupuesto público debería expresar las prioridades del Estado: qué problemas atiende, qué obligaciones paga y hacia dónde orienta el desarrollo. Cuando su ejecución responde a conveniencias partidarias, deja de ser una herramienta de gobierno y se convierte en un mecanismo de poder.
Paraguay enfrenta una contradicción difícil de justificar. Mientras el Estado acumula obligaciones millonarias con empresas vialeras y proveedoras de medicamentos, mantiene una estructura administrativa sobredimensionada, costosa y poco eficiente. Las deudas con constructoras paralizan obras y destruyen empleos; los atrasos con farmacéuticas amenazan el abastecimiento de hospitales y trasladan el costo de la ineficiencia a los pacientes. Detrás de cada pago demorado existen rutas inconclusas, tratamientos postergados y empresas obligadas a financiar al propio Estado.
El dinero falta para cumplir compromisos legítimos, pero aparece para crear cargos, ampliar plantillas, sostener operadores políticos o financiar instituciones cuya productividad rara vez se evalúa. La superpoblación de funcionarios convierte al presupuesto en una pesada estructura salarial que reduce los recursos disponibles para salud, educación e infraestructura.
A ello se suman licitaciones cuestionadas por precios superiores a los valores de mercado, especificaciones dirigidas y escasa competencia. La sobrefacturación no es solamente corrupción: significa menos medicamentos, menos caminos y menos servicios por cada guaraní aportado por la ciudadanía. Cuando concesiones y contratos recaen sobre empresarios cercanos al poder, la contratación pública deja de premiar eficiencia y comienza a recompensar lealtades.
Las hidroeléctricas tampoco pueden funcionar como territorios independientes del control público. Itaipú y Yacyretá administran recursos estratégicos de toda la sociedad. Los gastos innecesarios, las contrataciones discrecionales y los proyectos sin transparencia resultan especialmente graves cuando el Tesoro alega falta de recursos para pagar deudas esenciales.
El presupuesto no es dinero del Gobierno: es dinero de los contribuyentes. Su uso político genera una doble injusticia: obliga a la ciudadanía a financiar estructuras ineficientes y luego le niega servicios básicos porque los recursos fueron destinados a prioridades partidarias.
Ordenar las cuentas públicas exige pagar las obligaciones vencidas, reducir gastos improductivos, profesionalizar el servicio civil, transparentar las licitaciones y someter a las binacionales a controles efectivos. La disciplina fiscal no consiste en postergar pagos mientras se conservan privilegios, sino en utilizar cada recurso público con responsabilidad y justicia.
Realizado por Héctor Sosa, socio de Sosa Gennaro & asociados