Desde hace décadas, la superpoblación de funcionarios públicos constituye uno de los mayores desafíos estructurales del Estado paraguayo. El constante crecimiento de la nómina estatal y la ausencia de políticas firmes de racionalización han generado una carga fiscal insostenible. Hoy, casi el 80% del Presupuesto General de Gastos de la Nación se destina al pago de salarios y beneficios, una proporción impensable para un país que enfrenta limitaciones severas en infraestructura, servicios esenciales y programas sociales. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación, los pretextos para evitar un sinceramiento y una depuración responsable del plantel público se han reiterado gobierno tras gobierno.
La problemática es compleja, pero las soluciones existen y son de aplicación técnica y legal relativamente sencilla. El punto de partida debe ser un censo riguroso del personal contratado en cada institución pública. Estos casos son, administrativamente, los más simples: basta con respetar los plazos contractuales y comunicar oportunamente la no renovación para reducir la nómina sin vulnerar derechos laborales. Esta medida, aplicada de manera progresiva y planificada, representa una herramienta inmediata para aliviar la carga estatal.
En paralelo, resulta imprescindible abordar la situación del personal sometido a sumarios administrativos por distintos motivos. Una revisión minuciosa de cada expediente, acompañada de la imposición de sanciones proporcionales en los casos comprobados, enviaría una señal clara de disciplina y meritocracia. No se trata de una cacería de brujas, sino de aplicar las normas vigentes con transparencia y rigor, evitando que irregularidades se perpetúen por falta de decisión política.
El desafío mayor recae sobre los funcionarios permanentes, cuya estabilidad laboral exige un tratamiento cuidadoso y estrictamente ajustado al debido proceso. Cuando existan evidencias de inconducta o incumplimiento, los sumarios administrativos deben llevarse adelante con absoluta prolijidad jurídica, evitando nulidades posteriores y garantizando la defensa del funcionario. La institucionalidad no se fortalece con arbitrariedad, sino con procedimientos claros y firmes.
Un capítulo aparte merecen los conocidos planilleros: personas que figuran en la nómina sin funciones reales o con tareas inexistentes. En estos casos, la verificación documental y funcional debe ser prioritaria. Aquellos que no puedan justificar su función deben ser sometidos al debido proceso administrativo y desvinculados por incumplimiento.
La depuración del sector público no es solo una cuestión administrativa: es una decisión moral, económica y política. Mientras el Estado cargue con una estructura hipertrofiada y sostenida por intereses clientelares, será imposible destinar recursos suficientes al desarrollo, la salud, la educación y la infraestructura. Cuando existe voluntad, las herramientas legales están disponibles. La pregunta, entonces, no es si se puede sanear la administración pública, sino si por fin existe la decisión de hacerlo.