LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
La transparencia ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una exigencia ciudadana y en una condición indispensable para la legitimidad democrática. En el Paraguay actual, el debate sobre políticas públicas ya no gira solo en torno a obras, inversiones o programas sociales: la discusión central es cómo se administran los recursos y qué garantías existen para prevenir y sancionar prácticas corruptas. En este contexto, se observa una intención del gobierno nacional de transparentar sus obras y procesos, impulsando sistemas digitales, licitaciones abiertas y mecanismos de rendición de cuentas más visibles. La decisión política de abrir información y facilitar el escrutinio público es un primer paso fundamental.
A ello se suma la predisposición de los órganos estatales a fortalecer capacidades y controles internos. Las instituciones han comenzado a incorporar herramientas tecnológicas, elevar estándares de auditoría y asumir compromisos internacionales en materia de integridad pública. Este movimiento, aunque gradual, representa una señal de maduración institucional.
El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado también ocupan un rol clave. Su misión, más allá del discurso, es perseguir y castigar los actos de corrupción estatal de manera firme, técnica e independiente. Avanzar en esta agenda implica garantizar investigaciones profesionales y sanciones ejemplificadoras, sin distinciones partidarias ni fueros implícitos que obstaculicen la justicia.
El Congreso Nacional, por su parte, tiene una función estratégica como órgano de control político y espacio de debate sobre normas que fortalezcan la transparencia. Su credibilidad, sin embargo, se ve puesta a prueba cuando legisladores enfrentan investigaciones o escándalos de corrupción. La lucha por la integridad institucional exige que el Parlamento no solo legisle, sino que predique con el ejemplo, promueva la ética pública y acompañe la fiscalización del uso de los recursos nacionales.
Los recientes casos que involucran a autoridades nacionales y parlamentarios evidencian que la tolerancia social hacia la corrupción se ha reducido drásticamente. La ciudadanía exige claridad, sanciones y responsabilidad. Así, la cultura de la transparencia no se construye únicamente desde el Estado: requiere una sociedad vigilante, medios independientes y organismos de control activos.
Paraguay se encuentra en un punto crucial. Consolidar la transparencia como norma y no como eslogan es el desafío para un país que aspira a un desarrollo sostenible, instituciones confiables y un futuro donde la honestidad sea la regla, y no la excepción.